Durante la audiencia del 196º Período de Sesiones Ordinarias en Washington, organizaciones sindicales, de derechos humanos y de profesionales del derecho expusieron el grave retroceso en materia laboral, el ataque a la jornada de 8 horas, la derogación del Estatuto del Periodista y la persecución a dirigentes gremiales.
WASHINGTON / BUENOS AIRES — El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció hoy al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar y poner en marcha “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”, que “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”. La presentación tuvo lugar durante la audiencia realizada en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.
Asimismo, el FreSU denunció una política sistemática de persecución política y disciplinamiento, “cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)” y “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.
La audiencia fue solicitada de forma conjunta por el FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). La delegación contó además con la participación de representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
Un ataque directo al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales
Al abrir la exposición en representación del FreSU, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó:
“El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos. Aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”.
Por su parte, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, detalló cómo la política de desregulación económica impacta de manera directa en la clase trabajadora y en la brecha de género:
“El gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres. Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida. Esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares”.
Hostigamiento estatal y embate contra la actividad gremial
Al abordar la persecución a las organizaciones sindicales y sus referentes, el titular de APLA, Pablo Biró, expuso la gravedad del hostigamiento recibido mediante el uso de recursos públicos:
“El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”.
Biró remarcó además que el Ejecutivo impulsó denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones como La Fraternidad, la UTA y la Asociación de Personal Aeronáutico, sumado a las acciones judiciales emprendidas contra 170 trabajadores del subte.
Cuestionamientos de los comisionados e inconsistencias jurídicas
Tras escuchar los testimonios, los comisionados de la CIDH expresaron su preocupación, formularon cuestionamientos y solicitaron explicaciones a la delegación del Gobierno argentino por las irregularidades en la implementación de las medidas.
Ante las consultas de los comisionados, el abogado laboralista Matías Cremonte puntualizó:
“La regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja”.
Derogación del Estatuto del Periodista y peticiones a la CIDH
En representación del gremio de prensa, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, denunció los ataques específicos contra la prensa y la libertad de expresión:
“La decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voices en nuestro país”.
Finalmente, en nombre de la totalidad de las organizaciones peticionantes, la abogada Mariana Amartino formuló las solicitudes concretas al organismo internacional:
- Comunicación al Estado argentino: Que la CIDH emita un pronunciamiento alertando sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y que dicho documento sea remitido a los tribunales locales como instrumento de interpretación del derecho.
- Protección a la prensa: Que declare la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado el restablecimiento de las garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo.
- Visita de la REDESCA: Solicitar a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) la realización de una visita oficial a la Argentina para constatar el impacto de la reforma y articular agenda con las organizaciones sindicales del país.
